El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa (ICLEP) denunció “la extensión, intensidad y diversidad de las agresiones del régimen cubano contra activistas, periodistas y otros ciudadanos, así como “la consolidación de un sistema de represión en capas, que incluye censura, intimidación, vigilancia, castigos ejemplarizantes y criminalización de la protesta pacífica”.
En su informe del mes de mayo publicado este martes la organización documentó 143 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba, “el pico más alto del año” que afianza “una escalada represiva sostenida por tercer mes consecutivo”.
“El récord de las 143 violaciones a la libertad de expresión y de prensa durante el mes de mayo solo confirma lo que venimos denunciando desde el ICLEP desde hace mucho tiempo: en Cuba la represión no se detiene, se perfecciona”, indicó a Martí Noticias, Normando Hernández, director ejecutivo de ICLEP.
“El régimen ha convertido el miedo en política de Estado, atacando no solo a periodistas y a disidentes, sino a cualquiera que alce su voz. Ataca a religiosos, a estudiantes y a cualquier ciudadano sin filiación política alguna, simplemente porque sea un crítico de las políticas gobernantes”, recalcó.
Entre las 75 víctimas identificadas, 29 mujeres y 45 hombres, se encuentran 34 activistas, 13 periodistas, diez presos políticos y un expreso político, seis opositores y cinco ciudadanos sin afiliación política conocida.
La entidad, con sede principal en Miami, destacó el acoso contra tres youtubers españoles que viajaron a la isla y filmaron un documental sobre el deterioro de un barrio habanero para su pódcast Black Mango.
De acuerdo a ICLEP, del total de hechos documentados, 110 correspondieron a violaciones a la libertad de expresión y 33 a la libertad de prensa.
ICLEP verificó acciones represivas perpetradas por la Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el personal penitenciario y el sistema judicial, en todas las provincias del país, excepto en Ciego de Ávila y Cienfuegos.
“Otro foco represivo se dirigió contra miembros de la sociedad civil que intentaban reunirse con Mike Hammer, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. El régimen respondió con detenciones arbitrarias y citaciones a interrogatorios para impedir dichos encuentros”, señala el informe.
Igualmente subraya la arremetida contra los pastores evangélicos Luis Guillermo Borjas y Roxana Rojas, acusados de desacato y desobediencia por invocar "la justicia de Dios" durante un juicio militar contra su hijo, al que consideran no apto para el servicio militar obligatorio.
También las condenas por motivos políticos, de ocho meses contra Nelson Caballero Díaz, por protestar pacíficamente contra los apagones en Jimaguayú, Camagüey; y de dos años de prisión para Yoan Ricardo Llerena, por sus “publicaciones críticas en redes sociales”.
Asimismo, apunta las peticiones de la Fiscalía de Matanzas de cuatro y tres años de prisión para las intelectuales Alina Bárbara López Hernández y Jenny Victoria Pantoja Torres, “acusadas falsamente de atentado, desacato y desobediencia”.
“Desde ICLEP puedo asegurar que seguiremos documentando cada abuso y defendiendo el derecho del pueblo cubano a no ser silenciado”, enfatizó Hernández.
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